El restablecimiento de las relaciones entre PSOE y Junts tras la retirada de la cuestión de confianza contra Pedro Sánchez ha dado sus primeros frutos. El PSOE y Junts han pactado este lunes la delegación de la gestión de las competencias de inmigración a Cataluña.
En realidad, se trata del cumplimiento de un compromiso, que permanecía pendiente de ejecutar, adquirido por el PSOE con Junts en enero de 2024: el de transferir el "control integral" de la inmigración a la Generalitat de Cataluña, a cambio de que los independentistas facilitaran la convalidación de los decretos del Gobierno en el Congreso de los Diputados.
Por si fuera poco, el Gobierno ha vuelto a servirse de un ardid parlamentario para sortear la supervisión de los órganos consultivos: llevar su iniciativa en el Congreso, a través del PSOE, como proposición de ley.
Según el texto de la Ley Orgánica para la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña, registrado esta mañana, los Mossos d'Esquadra asumirían la seguridad de puertos y aeropuertos en cooperación con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y la Generalitat quedaría a cargo de los permisos de residencia y de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
La delegación del control de las fronteras en los Mossos, y de la capacidad de fijar el cupo de extranjeros que pueden residir en Cataluña y de expulsar a inmigrantes en la Generalitat, tendrá un difícil encaje en la ley fundamental española.
El Tribunal Constitucional concluyó en 2010 que "sería claramente inconstitucional" que la Generalitat se arrogase determinadas facultades sobre extranjería. Porque "la inmigración es una materia que ha sido reservada con carácter exclusivo al Estado".
Es evidente que los constituyentes nunca contemplaron un supuesto como el de transferirle laas atribuciones migratorias a las Comunidades Autónomas. Y menos aún el de cedérselas solamente a una de ellas.
Por eso, el Gobierno tratará de recurrir nuevamente a la ingeniería legislativa para hacer pasar como conforme a la Constitución una mutación estructural que atenta claramente contra el espíritu de la misma.
La fórmula por la que ha optado ha sido la figura recogida en el artículo 150 de la Constitución, que permite "delegar" en una Comunidad autónoma la gestión de una competencia exclusiva del Estado mediante una ley orgánica. De esta forma, el Estado no perdería nominalmente la titularidad del control de las fronteras, sino que su gestión sería compartida por el Gobierno y por la Generalitat de Salvador Illa.
Pero, con independencia de que se trate de una cesión o una delegación, introduce un trastorno radical el propio concepto de abrirse a entregar a un gobierno autonómico algo tan sensible como la expedición de los NIE, la regularización de los ilegales o las tareas de deportación.
Porque, como lamentaron los sindicatos policiales en conversación con EL ESPAÑOL, esta delegación anticipa la supresión de la presencia en Cataluña de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Después de la Ley de Amnistía, de la negociación para la "financiación singular" de Cataluña y de la próxima quita de la deuda catalana, el Gobierno se presta a seguir ahondando en las desigualdades entre españoles.
Y agrava el proceso de desmantelamiento del Estado que se está cobrando como peaje la alianza parlamentaria de Sánchez con el independentismo, a cambio de su supervivencia personal. Dos de los atributos esenciales de un Estado son la hacienda pública y el control de las fronteras, por lo que al consumarse estos dos nuevos traspasos no será exagerado decir que el Estado español habrá quedado desmantelado de facto en Cataluña.
Y si las competencias de extranjería son vertebrales para todo Estado, lo son aún más en el contexto actual, en el que todos los países europeos están debatiendo sobre cómo gestionar la crisis migratoria.
Mientras se coordina una política migratoria europea, en España tendremos una gestión aduanera segregada entre Cataluña y el resto del país. Una deficiencia aún más impertinente si cabe en una región como la catalana, que es la comunidad autonóma más expuesta al fundamentalismo islámico y con mayor infiltración yihadista, así como la más comprometida por la injerencia marroquí.
Que la situación que va a materializarse en España es completamente anómala lo prueba que ningún país de la UE ha transferido a sus gobiernos regionales las competencias sobre el control las fronteras. El precio de la última transacción entre Sánchez y Puigdemont para seguir alargando a toda costa la legislatura será el de debilitar todavía más a España ante nuestros socios europeos.