Un día después de conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que declara ilegal el outlet de Pikolín y la modificación del Plan General de Ordenación Urbana llevado a cabo por el PP de Azcón y de Chueca, nos encontramos con una nueva modificación similar para privatizar las piscinas de la Almozara.
La razón se impone tras nueve años de litigios y el empuje de una decena de entidades vecinales, sindicatos, formaciones políticas y asociaciones de comerciantes, con esta tercera sentencia que deja bien claro que nos encontramos ante un grave caso de urbanismo a la carta. Pero, de nada sirve que los Tribunales declaren ilegal una operación y el propio complejo comercial si los gobiernos del PP en Zaragoza contínuan troceando y vendiendo la ciudad, bajo el mismo mecanismo, a los intereses privados.
Como ha ocurrido también en el CDM Zaragoza Sur, ahora el equipo de Chueca ha impulsado un nuevo expediente para permitir que una importante parcela cuyos usos estaban previstos como equipamiento deportivo en el barrio de la Almozara puedan ser explotados de forma privada para el beneficio de unos pocos. Se trata de una zona de algo más de 14.000 metros cuadrados, junto a las calles Lago y Braulio Foz. La recalificación introduce, según el propio expediente, su conversión en una parcela con “aprovechamiento lucrativo”. Distintas entidades, como la Asociación Vecinal y de Consumo Aljafería, la Asociación Vecinal Ebro de La Almozara y la Asociación Vecinal Avenida de Navarra, se han pronunciado en contra de esta privatización y de la ubicación en esta parcela que debería ser un corredor verde.
Otra zona verde, el principal pulmón de la ciudad, los Pinares de Venecia, también se encuentran amenazados por la ampliación del Parque de Atracciones, en una operación que, de nuevo, supone privatizar un espacio públicio, con graves afecciones al entorno. Además, es contraria a los compromisos europeos en términos medioambientales y vulnera vulnerando el derecho a la información y participación, con una ausencia total de explicaciones que han vividos los vecinos y vecinas, quienes acabaron forzando una reunión con el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano en la que dio la cara pero pocas explicaciones.
Algo parecido a lo que está pasando en Rosales del Canal o Vía Hispanidad donde los vecinos se han levantado con la noticia de que iban a construir un torre de 22 pisos, en zonas de equipamiento municipal, donde sus hijos e hijas pueden jugar al fútbol o practicar skate.
Es necesario que el gobierno de Natalia Chueca asuma responsabilidades políticas y el señor Serrano, ponga su cargo a disposición, ante la gravedad de las posibles consecuencias de estas decisiones tomadas sin la debida cautela en torno al outlet de Pikolín. También es primordial que el gobierno popular no presente recurso frente a la sentencia del TSJA que declara ilegal el complejo comercial y que paralice la construcción de un supermercado en el mismo.
Es más, desde Zaragoza en Común hemos solicitado la retirada de oficio de cuantos expedientes tengan que ver con la implantación de este nuevo supermercado, que además de ir en contra del contenido de la sentencia, supondrá una grave afectación al ya de por sí maltrecho comercio local, en especial al de los barrios rurales de Casetas y Monzalbarba.
Me pregunto cómo el señor Serrano cree que puede seguir actuando de este modo tras el pronunciamiento de los tribunales una y otra vez. La sentencia deja claro que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana es ilegal y no cabe apelar a la vía de los hechos para legalizar el centro comercial, que era lo que el Gobierno del PP esperaba impulsando la construcción y la concesión de licencias. Por esta razón votaron contra de la paralización de las mismas y continuaron concediéndolas, rechazando os informes municipales que pedían que cesara el otorgamiento de dichas autorizaciones. Estaba claro que si se daban licencias con un planeamiento declarado ilegal iba a darse la situación con la que ahora nos encontramos, ¿no?
Es evidente que el único interés que se ha defendido desde el Gobierno del PP y del resto de los grupos municipales que votaron a favor de estas modificaciones es el de PIKOLIN y el Sr. Alfonso Solans, quien ha vendido, no sabemos por cuántos millones, un centro comercial ilegal a un fondo de inversión en lo que no es más que una pura y dura operación especulativa que nada tiene que ver con el interés público.
Lo mismo ocurre con las futuras piscinas del barrio zaragozano, que van a nacer en manos privadas, a pesar de que La Almozara lleve décadas reclamando unas piscinas municipales públicas. Esta fórmula no sale gratis: consiste en poner los suelos en manos de una explotación privada con ánimo de lucro por 75 años, toda una vida. De este modo, el PP vuelve a darle la vuelta a una demanda vecinal y a convertirla en una oportunidad de negocio, un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón les dijese: por ahí, no.
Pero la ciudadanía tiene cada día más claro que Zaragoza no se vende. El próximo domingo, 23 de marzo a las 12h desde Glorieta Sasera saldrá una manifestación bajo este lema, organizada por una coordinadora compuesta por más de 40 asociaciones y colectivos que surge para aunar la voz de miles de personas, víctimas de un modelo de ciudad, impuesto por el gobierno de Natalia Chueca, que niega la participación ciudadana y que está basado en el pelotazo y macro evento, en beneficio de la especulación y los grupos financieros.
Suso Domínguez, concejal de Zaragoza en Común y presidente de la Junta de Distrito de Torrero