La Junta critica que los sindicatos rechacen un local gratuito para albergar la sede del Serla

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves, a propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, la concesión de una aportación dineraria a la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (Fundación Serla) para el ejercicio económico de 2024. Una cantidad que se mantiene en la lía de 2023, y que vuelve a confirmar que la reducción se reduce y mantiene la contención de gasto de más de un 60% con respecto a ejercicios anteriores. “Con el ánimo de buscar un mayor control sobre en qué se gasta el dinero público, desde la Consejería se establecen límites sobre los conceptos en los que la aportación al Serla podrá ser invertida”, indicaron en una nota de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Carlos Fernández Carriedo ha afirmado que estos  400.000 euros de financiación del Gobierno autonómico al Serla, es su “aportación”, pero recordó que según los estatutos del servicio de mediación laboral, la fundación puede obtener más recursos a través de “otros mecanismos y administraciones”. Y es aquí cuando ha recordado el ofrecimiento de la Junta, para que el Serla traslade sus instalaciones a un local de la Administración autonómica (la Oficina Territorial de Trabajo) donde se encargaría de los suministros del mismo y así ahorrarse este gasto.

Algo que ya fue denunciado por el consejero de Industria, Empleo y Comercio, Mariano Veganzones el pasado martes, teniendo en cuenta que desde la Consejería se ha puesto a disposición del Serla unas oficinas “completamente equipadas e integradas” en la Oficina Territorial de Trabajo de Valladolid (C/ Del Santuario, 6)”. Pero los sindicatos no quieren hacer este traslado que supondría un ahorro importante en este gasto. El consejero criticó que se hizo este ofrecimiento pero "no ha querido ser utilizados por los sindicatos".  "Esto es inaceptable cuando se trata de gestionar el dinero de todos. En la OTT de Valladolid, donde trabajan los funcionarios de forma excelente, es donde se ofreció la cesión gratuita de espacios. Pero a los sindicatos y a la extrema izquierda les parece poco lujoso", zanjó.

Para la Junta se defiende que se “garantiza el dinero suficiente para el pago de nóminas de los trabajadores de la Fundación Serla, se mantiene la exclusión de los gastos derivados de contratos de alta dirección que, otros años, han supuesto hasta 76.000 euros”. Sin embargo, no piensan así los sindicatos que ya han denunciado que los trabajadores tardan en cobrar, y posibles cortes de luz e Internet por no tener presupuesto.

De esta forma, comentaron, “la aportación aprobada por el Consejo de Gobierno se realiza sin que exista una obligación de financiar a esta u otras fundaciones”. En este sentido, los miembros del patronato del Serla “pueden encontrar fuentes de financiación alternativas, siempre que consideren que lo aprobado este jueves por la Junta no fuera suficiente”.

Asimismo, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha afirmado hoy que “no han recibido quejas” por la eliminación de una subvención directa que recibían los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE por “asesorar” al Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla) y que ascendía a 232.000 euros cada año, como anunció en las Cortes el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones.

Carriedo defendió, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que aunque puedan interesar las subvenciones a estas organizaciones desde el punto de vista mediático, lo importante es “llegar a acuerdos dentro del Diálogo Social en beneficio de las personas de Castilla y León” y que “funcionan las mesas” de negociación. “Están trabajando y los acuerdos avanzan de forma razonable”, dijo, para reconocer que su formalización dependerá de “todos los actores”. 

Respuesta de CCOO

El secretario de Acción Sindical de CCOO CyL, Fernando Fraile, cargó hoy contra el “empecinamiento” de la Junta de Castilla y León con el recorte de la financiación del Serla a 400.000 euros, que ratifica que “da continuidad a su política de insumisión incumpliendo la ley”. Los 400.000 euros aprobados por el Consejo de Gobierno simbolizan, a juicio de Fraile, el “ataque de la Junta al sistema de mediación, porque dicha cuantía, tal y como se demostró el año pasado, no garantiza la mediación laboral en nuestra Comunidad”.

Fernando Fraile también lamentó que el local ofrecido por la Junta para albergar el servicio, "no cumple las condiciones necesarias, porque sólo tiene una sala permanente y otra compartida, cuando el actual usa hasta cinco salas al mismo tiempo”. Además, la Junta de Castilla y León “ha tirado a la basura el dinero en la compra de muebles para el local, porque podría usar los actuales”.