Manifestación por la educadora social asesinada por tres menores en un piso tutelado en Badajoz esta semana. Europa Press
El Gobierno reformará la ley para que no haya tutores solos con menores tras el asesinato de la educadora de Badajoz
La norma regulará la acogida de niños en situación de desamparo, pero servirá como "modelo" para espacios de reinserción como el de la casa de Badajoz.
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El Gobierno prevé aprobar en el plazo de un mes un real decreto que regulará la asistencia en los centros de menores tutelados. Entre otras medidas, el Ejecutivo pretende que no haya educadores solos con los niños en estos espacios de acogida.
La reforma del reglamento parte del Ministerio de Infancia y Juventud, liderado por Sira Rego, y se anuncia justo después del asesinato en Badajoz de una educadora que trabajaba con cuatro menores en una casa de reinserción.
La norma, en realidad, no afectaría en un primer momento a casos como éste, pero se pretende que sirva como "referencia" para los sistemas de protección en los que se cumplen medidas judiciales.
Es lo que ocurría en Badajoz, donde dos jóvenes de 14 años y otro de 15 estaban siendo tutelados bajo las medidas judiciales dictadas por un fiscal de menores. Estos tres chicos fueron, supuestamente, los autores del crimen.
El reglamento que va a modificar el Gobierno afectará a unos 35.000 menores en situación de desamparo. Es decir, muchachos sin tutores legales o a cuyos progenitores les han retirado la custodia. A estos se añaden otros 16.700 críos que siguen con sus familias biológicas pero reciben algún tipo de medida de apoyo.
En total, estos 52.000 chavales integran el sistema de protección de menores en España, en el que no se distingue entre los nacidos fuera o dentro de nuestro país. De ellos, unos 17.000 están en casas o pisos de acogida, mientras que otros 18.000 se alojan en centros.
Lo que ahora pretende el Ejecutivo es privilegiar la tutela en casas, lo que desde la Administración llaman "sistema de acogida familiar", en detrimento de los centros. Además, la norma regulará la actividad de los trabajadores y "busca que no haya educadores solos", según fuentes del Ministerio de Infancia.
Ratios por centro
Además, se fijarán las condiciones que debe haber en los espacios de acogida con una ratio de un determinado número de niños por cada educador y otra que establezca un número máximo de menores por centro. Si bien, el Ministerio no precisa cuáles serán esas cuotas.
También se prevé regular qué tipo de instalaciones son aptas para este tipo de actividad, su emplazamiento, gestión, organización o situación laboral de los empleados, precisan desde el gabinete de la ministra de Sumar.
Fuentes del Ministerio insisten en que llevaban meses trabajando en la reforma de este reglamento, aunque reconocen que su anuncio se ha acelerado tras el suceso de Badajoz. "Aunque no vaya dirigido a lugares donde se cumplen medidas judiciales, sí que se aspira a que pueda servir como modelo en un futuro también para estas situaciones”, subrayan desde Infancia y Juventud.
La reforma se tramitará a través de un real decreto no de ley, cuyo borrador debe estar previsto la semana que viene, de forma que el Gobierno inicie los trámites en dos semanas y pueda ser aprobado en Consejo de Ministros dentro de un mes. Al tratarse de un decreto no de ley, después no es necesario que sea ratificado en el Congreso.
Depende de las CCAA
El problema al que se enfrenta el Gobierno no es su trámite parlamentario, sino que después los mecanismos que introduce deben ser aplicados por las comunidades autónomas. Porque se trata de una normativa de obligado cumplimiento, pero son las comunidades las que gestionan la protección de los menores.
De hecho, uno de los objetivos del Ministerio es unificar los criterios para la tutela, ya que cada administración autonómica tiene su propio modelo. "El real decreto establece mecanismos de control, de forma que las comunidades tendrán que informar obligatoriamente al Ministerio de Juventud e Infancia del resultado de las inspecciones llevadas a cabo", señalan desde el departamento de Sira Rego.
Añaden que el Gobierno central puede sancionar a las comunidades si estas incumplen las normas y que las administraciones regionales ya tienen recursos suficientes para aplicar los cambios requeridos, por lo que no se prevé financiación extra desde el Ejecutivo.
Esta circunstancia podría provocar un choque con las comunidades gobernadas por el PP, que en el caso del reparto de los menores migrantes no acompañados ya han reclamado apoyo financiero al Gobierno para asumir un mayor esfuerzo.
