El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, este jueves en el Pleno. Europa Press
La Mesa del Congreso obedece al Gobierno para impedir que se apruebe la bajada del IVA a los alimentos de primera necesidad
Por primera vez en Democracia se vetan enmiendas del Senado basándose en informes del Gobierno y en contra del criterio del letrado mayor del Congreso.
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El Congreso de los Diputados ha vivido una situación sin precedentes. La Mesa de la Cámara Baja ha vetado una serie de enmiendas del Senado a la Ley de Desperdicio Alimentario que incorporaban una bajada del IVA a los alimentos de primera necesidad.
La Mesa ha actuado en contra del criterio de su letrado mayor y, según trasladan fuentes del entorno de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la decisión se ha basado en dos informes que han partido del propio Gobierno.
Su actuación está avalada por un informe ad hoc de la Abogacía del Estado y otro de la Dirección General de Asuntos Constitucionales. El primer órgano pertenece al Ministerio de Justicia y el segundo al de Presidencia. Ambos entran bajo el paraguas del ministro Félix Bolaños.
Es decir: la Mesa del Congreso, en la que los partidos del Gobierno tienen mayoría, ha vetado una serie de enmiendas del Senado basándose en dos informes que parten de órganos que también controla el Gobierno. Y lo ha hecho aunque el letrado mayor, ha advertido de que la jurisprudencia no lo permite.
Se trata de la primera vez en Democracia que esto ocurre.
Al margen de las consideraciones técnicas, significa que la Mesa del Congreso ha actuado contra la capacidad legislativa del Senado, recogida en el artículo 66 de la Constitución. Le corresponde al Pleno del Congreso y no a su Mesa debatir (y no tumbar) las enmiendas que puedan venir del Senado.
Derecho a veto
Para entender el conflicto hay que remitirse al pasado mes de diciembre. En su sesión del día 19, el Congreso aprobó el proyecto de ley de Desperdicio Alimentario del Gobierno y remitió el texto al Senado para que continuase con su tramitación parlamentaria.
El PP aprovechó entonces su mayoría en el Senado para introducir una serie de enmiendas a la norma del Gobierno. Entre otras, buscaban rebajar el IVA de los alimentos básicos al 2% hasta finalizar este año y enmendar el régimen de retribución transitorio para las plantas de cogeneración que hayan finalizado su vida útil.
El Ministerio de Hacienda tiene potestad para vetar aquellas enmiendas que supongan una alteración de los Presupuestos en vigor y consideró que, en este caso, afectaría a la recaudación. Así que la cartera de María Jesús Montero decidió enviar su veto al Senado. Pero la Mesa del Senado lo rechazó; eso sí, apoyándose en los informes de sus letrados.
El texto, entonces, fue devuelto esta semana al Congreso con las enmiendas del Senado. Le corresponde al Pleno del Congreso (a todos los diputados) ejercer la actividad legislativa y decidir si valida o tumba las enmiendas del Senado. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda volvió a emitir otro veto y la Mesa lo dio por bueno.
"Suficientemente estudiado"
Según fuentes de la Mesa, la Constitución reconoce el derecho a veto del Gobierno, pero no entra en el detalle de cuántas veces o en qué órgano puede hacerlo. Lo que sí es cierto es que se trata de la primera vez que el Gobierno veta una enmienda del Senado y puede abrir la posibilidad de que suceda más veces.
Pero las fuentes de la Mesa hacen la lectura contraria: "De haberse aceptado las enmiendas, se imposibilita la capacidad de veto del Gobierno y es una vía innovadora del Senado para que todo se mande por el Senado y no se pueda vetar".
Sí reconocen que el letrado mayor del Congreso emitió un informe en el que, aunque explicaba que las enmiendas se podían vetar por su contenido, desaconsejaba hacerlo al venir estas del Senado. "Es verdad que él no veía que se pudieran vetar. Pero la opinión de los letrados es muchas veces contraria a lo que vetamos", añaden.
Ante la negativa del letrado, la Mesa basó su decisión en dos informes de la Abogacía del Estado y de la Dirección General de Asuntos Constitucionales, ambos del Gobierno, y la Mesa considera suficiente sus argumentos. El PP pidió aplazar la votación para estudiar el asunto mejor, pero la Mesa también rechazó eso "porque ya se había estudiado".
El PP ha acusado a la Presidencia del Congreso de estar "al servicio del Gobierno de Pedro Sánchez" al no atender su petición para aplazar este debate y estudiarlo mejor. "Es una decisión que va en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional y del criterio del secretario general de la Cámara y que no se había producido en 50 años", han añadido.
