Imagen de archivo con cartel contra la violencia de género en un pasado 8M en Valladolid
Ley VioGén en Castilla y León: 14 millones de euros al año y la primera oportunidad de acuerdo Mañueco-Martínez
El 8 de marzo llega a Castilla y León con la mente puesta en la nueva norma sobre violencia de género que intentará sacarse en las Cortes con "el máximo consenso" tras las "mano tendida" de los líderes de PP y PSOE.
Más información: La Junta desempolva la nueva Ley de Violencia de Género ya sin la atadura de Vox: "Es más moderna e innovadora"
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El 8 de marzo es un día para recordar y reivindicar. Lejos de los enfrentamientos entre las propias feministas y entre los partidos, es el momento para evocar la figura de mujeres asesinadas y de las que no tienen recursos para poder comenzar una vida nueva. Demostrando el compromiso con la protección de las mujeres y su determinación de construir una sociedad más justa e igualitaria.
Para ello, Castilla y León trabaja en una nueva ley de violencia de Género, actualmente en tramitación en las Cortes, que ya se sabe que costará a las arcas autonómicas 14 millones de euros al año y que intentará salir adelante con el “máximo consenso” posible, según comentó la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco en una entrevista en este medio.
Ese es el propósito, sin embargo, habrá que comprobarlo en las Cortes. De momento está claro que Vox lo va a rechazar. Sin embargo, parece que este tema es el primero que puede unir al PP de Mañueco con el nuevo (o no tanto) PSOE de Carlos Martínez tras el paso atrás dado por Luis Tudanca falto de liderazgo. Ambos partidos tienden las manos, pero habrá que ver si la agarran.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades han solicitado el máximo consenso (la palabra que más se escucha) de los grupos parlamentarios en las Cortes para la aprobación de esta ley, que consideran más avanzada que la estatal.
Incluso la propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido también “consenso” al Partido Popular y al Partido Socialista para aprobar el proyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León, al considerar que es la única manera para que la norma sea "eficaz".
De momento los síntomas son buenos, aunque es cierto que el PSOECyL ha presentado una proposición de ley que modifica algunos artículos de la ley actual. El Gobierno autonómico lo que ha presentado es una ley integral de atención a las víctimas de violencia machista. Blanco siempre presume de "Castilla y León tuvo en su día una ley pionera, y el texto que hemos aprobado hoy es el más moderno, actualizado e innovador".
La ley, que cuenta con los preceptivos informes del Consejo Consultivo, cuenta con el consenso social surgido de las entidades y asociaciones del tercer sector, pero ahora habrá que comprobar si sale con ese consenso de las Cortes. Por este motivo, la responsabilidad política obliga a sentar a las dos fuerzas mayoritarias para buscar los puntos de consenso. “No hay líneas rojas”, aseguran fuentes socialistas.
Los socialistas ven en esta ley una nueva forma de colocar un cordón sanitario a Vox y que el PP se distancie de él. Los populares, por su parte, llegan en el momento más tenso de su relación con los de Abascal después del enfrentamiento por la medalla al mérito rechazada para el procurador fallecido Javier Carrera.
Sin el yugo de Vox tras la salida del Gobierno el pasado verano, ahora el PP intenta hacer ver que nunca se pusieron en duda los derechos de la mujer y de la igualdad, “reafirmado su compromiso con la protección de las mujeres y su determinación de construir una sociedad más justa e igualitaria en Castilla y León”, establecen los populares.
El coste
La aplicación de la nueva ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León tendrá un coste total de 14.261.686 euros al año. De esta cantidad, 13.112.678 euros corresponderán a la Gerencia de Servicios Sociales, mientras que el resto se distribuirá entre las consejerías de Educación y de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
Así se desprende del segundo informe previo emitido por la Dirección General de Presupuestos, que acompaña a la memoria estimada por la Gerencia de Servicios Sociales. En este informe se desglosa el coste actual de las acciones contempladas en la ley vigente desde 2010, que asciende a 12.850.000 euros, y se suma el gasto adicional derivado de las nuevas medidas, estimado en 262.678 euros al año, hasta alcanzar los 13,1 millones.
La nueva norma
Por su parte, la ley que la Junta quiere poner en marcha antes de la primavera amplía la protección a las víctimas al reconocer nuevas formas de violencia, promover una mejor y más efectiva detección y prevención de estas situaciones y favorecer una atención más universal, así como el restablecimiento de los derechos vulnerados a las víctimas.
Desde la Junta se saca pecho porque es fruto de un trabajo del Gobierno autonómico con el Diálogo Social, las entidades públicas y privadas que forman parte del sistema de Servicios Sociales y que intervienen tanto en la prevención como en la atención a víctimas de violencia de género y las que conforman el entramado de las Redes por la Igualdad.
78 organizaciones y un centenar de profesionales han participado en la elaboración de este anteproyecto de ley que se estructura en cinco títulos, 69 artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
Uno de los pilares básicos es que la norma se actualiza para dar encaje a la realidad social vigente. Es decir, esto supone regular las nuevas formas de violencia de género que han ido emergiendo en los últimos años y, en consecuencia, extender el paraguas protector a las víctimas.
También se incluye la violencia digital, que se ejerce utilizando las tecnologías de la información y las redes sociales. La vicaria, sobre los hijos y familiares o allegados a la mujer, sean menores o no de edad, por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, con la finalidad de causarles perjuicio o daño; violencia de segundo orden, y la violencia contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que incluye las actuaciones como la mutilación genital, el matrimonio forzoso y la esterilización forzada.
Por otro lado, la violencia de género en el medio rural figura en la norma como una concreción del principio de equidad territorial, en colaboración con las entidades locales de provincias y municipios de más de 20.000 habitantes, que se considerarán en la planificación y la gestión coordinada de las redes de atención integral a las víctimas.
Finalmente, se regulan los recursos existentes de la Red de Atención a las Víctimas de violencia de género, como los centros específicos,- casas de acogida, pisos tutelados y centros de emergencia-; los servicios jurídicos, de integración laboral, puntos de encuentro, y atención psicológica a hombres que ejerzan violencia, entre otros.
Llas ayudas económicas tanto a la víctima como a las personas huérfanas que además disponen de derecho de preferencia de acceso a la vivienda y gratuidad en las enseñanzas universitarias.
